Un grupo de jefes comunales del PJ le hizo llegar sus reclamos a la gobernadora. Pidieron reforzar las partidas presupuestarias de asistencia que todos los meses reciben los comedores y escuelas de la provincia
Con el propósito de paliar la crisis, un grupo de intendentes del PJ bonaerense le pidió a la gobernadora María Eugenia Vidal que declare la emergencia alimentaria y así “refuerce las partidas presupuestarias” de la asistencia que todos los meses reciben los comedores y escuelas de la provincia.
A través de una carta, los jefes comunales de La Matanza, Verónica Magario, y de Ituzaingó, Alberto Descalzo, le hicieron llegar a la mandataria provincial sus reclamos, entre los que se destacan el de reforzar “las partidas presupuestarias para atenuar el impacto feroz que la política económica ha provocado y provoca en cada vez más en vastos sectores de la sociedad”.
“Tenemos el agrado de dirigirnos a usted en relación a la angustiosa situación que vive nuestro pueblo, a causa de la crisis económica y social que se ha profundizado en la Argentina, con implicancias durísimas en la Provincia de Buenos Aires”, destacaron los intendentes en la misiva.
Además de Magario y Descalzo, estuvieron presentes los intendentes de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; de Laprida, Alfredo Fisher; de Punta Indio, Hernán Izurieta y de 25 de Mayo, Hernán Ralinqueo, entre otros.
“Queremos pedirle una reunión a la gobernadora y a los ministros. Queremos la reunión para contarle cómo es la situación en cada uno de nuestros distritos y comenzar a ayudar a solucionar los problemas, como lo hizo también la Iglesia Católica”, enfatizó Descalzo en declaraciones a la prensa.
A través de la carta, los intendentes pidieron declarar la emergencia alimentaria y que se incrementen los cupos en los comedores escolares, a la vez que reclamaron que se inicie la apertura de comedores en colegios secundarios y de formación de adultos.
Los jefes comunales del PJ también pidieron que se instruya a la Agencia de Recaudación de la Provincia (ARBA) sobre la situación crítica en la que se encuentran los pequeños comerciantes para que arbitre los mecanismos administrativos y legales, para flexibilizar las obligaciones tributarias que recaen sobre ese sector.
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