El comunicado expresa lo siguiente “habiendo tomado conocimiento de las acciones llevadas adelante por la defensoria del pueblo General de Azul (PBA) con motivo de relevar la situación alimentaria en las cárceles Bonaerenses, manifestamos nuestra profunda preocupación por las condiciones de las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense, en particular aspectos que atañen a la falta de alimentos, atención a dietas por temas de salud, hacinamiento y sobrepoblación atención de la salud y los detenidos entre los que se encuentran estudiantes de nuestra Universidad”.
Mencionaron que es de público conocimiento el aumento desmesurado de la población detenida en las cárceles Provinciales en los últimos diez años. Según datos de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) mecanismo local de prevención de la tortura de la provincia de buenos aires para noviembre del 2019 habia 47. 610 personas detenidas bajo custodia del SPB un 9% más que en noviembre del 2018.
De esas 47.610 solamente 1969 (4%) tenían arresto domiciliario con monitoreo electrónico, el resto detenidas en cárceles y alcaldías. Según el cálculo de la CPM, eso significa un 119% de sobrepoblación.
La CPM señala además que constató que las personas privadas de la libertad padecen hambre, esta situación ha sido reconocida también por funcionarios de la justicia. La defensoria general de Azul señaló que en diferentes unidades penales bajo su jurisdicción pudo constatar una grave situación de desabastecimiento.
Por lo tanto expresan “entendemos que esta situación es fruto de diferentes aristas que llevan a que en este momento las cárceles de la provincia de buenos aires estén en esta situación, que es grave y profundiza la crisis humanitaria de los lugares de encierro en la provincia de buenos aires”.
“Es por ello que solicitamos a los poderes del estado provincial y nacional a regularizar la situación y garantizar los derechos humanos de las personas detenidas tal como prescribe nuestra Constitución en su artículo n°18 que determina que las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los detenidos en ellas y toda esta medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice”.
Adhieren la facultad de sociales Unicen, derecho, arte, federación universitaria, programa universidad en la cárcel y secretaría de extensión.
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