[textmarker color=”190F42″]El organismo provincial se refirió a la medida del gobierno nacional y sostuvo que “fortalece una impronta represiva y un discurso punitivista que justifican la intervención de las fuerzas de seguridad como única política pública para la niñez”.[/textmarker]
Continua la polémica
La escandalosa resolución firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para la creación del Servicio Cívico Voluntario en Valores para jóvenes de 16 a 20 todavía retumba en el escenario político. La medida ideada por el gobierno del presidente, Mauricio Macri, generó rechazo y repudio tanto en organizaciones de derechos humanos como sociales y políticas. En ese aspecto, la Comisión Provincial por la Memoria también realizó cuestionamientos y defendió los derechos de la niñez y adolescencia.
A través de un comunicado, la CPM lo rechazó y aseguró que “busca poner en manos de las fuerzas de seguridad las políticas de niñez y adolescencia sin intervención de los organismos de promoción y protección de sus derechos”.
En torno a la Gendarmería Nacional, criticó a la institución y describió que “en sus funciones policiales viola sistemáticamente los derechos humanos y ha sido elegida por esta gestión para la represión de la protesta y los conflictos sociales, no puede ser garante de los valores de la democracia”.
Por todo esto, la CPM rechaza esta nueva resolución demagógica e irresponsable que sólo busca fortalecer el control social por medio de las agencias punitivas del Estado y alimentar un sentido común autoritario que persiste en nuestra sociedad”, añadió.
Más adelante, afirmó que “la iniciativa es irresponsable, demagógica y pretende conmover cierto sentido común autoritario que orienta las políticas de seguridad: más control y presencia de fuerzas militarizadas como garantes de valores democráticos”.
Ante la falta de politicas públicas para contener a la niñez y juventud, la CPM consideró que el Estado “fortalece una impronta represiva y un discurso punitivista que justifican la intervención de las fuerzas de seguridad como única política pública para la niñez. Esta iniciativa no soluciona ninguno de los problemas que pretende resolver”.
“Las políticas de promoción y protección de niños, niñas y adolescentes en manos del Ministerio de Seguridad y la Gendarmería son un claro retroceso para nuestra democracia. Pensar a las fuerzas militarizadas como garantes del orden y los valores es retroceder 40 años y volver a los momentos más oscuros de nuestra historia”, concluyó.
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