Cuatro de los imputados que tiene esta investigación penal, dos de los cuales son azuleños, habían sido detenidos en mayo del año pasado, durante allanamientos que se hicieron en los destacamentos de Seguridad Vial de esa ciudad, Tandil, Las Flores y Monte. Un subcomisario había declarado en la causa bajo la figura del “arrepentido”. Actualmente, algunos de los encausados están en libertad y otros cumplen prisión domiciliaria.
En mayo del año pasado se allanaron cuatro destacamentos de Seguridad Vial pertenecientes a la Policía de la Provincia. Entre las seccionales convertidas en escenarios de aquellos procedimientos figuró la que en Azul tiene sede sobre la Ruta Nacional número 3. Los nueve policías procesados en esta investigación penal, cuya requisitoria de elevación a juicio fue formulada días atrás, pertenecen al área de Seguridad Vial de la fuerza.
Un fiscal pidió la elevación a juicio de la causa penal donde nueve policías de la Bonaerense, todos pertenecientes al área de Seguridad Vial, están acusados de formar parte de una asociación ilícita que se dedicaba a cobrar coimas a conductores de vehículos menores y a recibir dádivas de empresas de transportes cuyos rodados de carga transitaban por el corredor vial comprendido por las rutas nacionales 226 y 3, entre los destacamentos que están en Tandil, Azul, Las Flores, Gorchs y Monte.
Cuatro de los imputados que tiene esta investigación, entre ellos dos azuleños, habían sido detenidos cuando en mayo del año pasado los destacamentos viales con sede en esas locaciones mencionadas fueron allanados.
Meses después uno de ellos -bajo la figura del “arrepentido”, que por primera vez se aplicó a escala judicial en el ámbito de la provincia de Buenos Aires- declaró y se convirtió en el primero en ser excarcelado; aunque en la requisitoria de elevación a juicio de esta causa continúa procesado.
Son un total de 28 hechos los que el fiscal Marcelo Fernández ha dado por acreditados, situaciones que involucran a estos nueve policías para los que recientemente solicitó que sean juzgados. De prosperar la requisitoria de elevación a juicio de este sumario penal, dicho proceso se desarrollará en un Tribunal Oral en lo Criminal.
En julio del año pasado, a los primeros cuatro detenidos que tuvo esta pesquisa la Cámara Penal les había confirmado las prisiones preventivas que en ese entonces los tenían privados de la libertad en la Unidad 30, la cárcel que está en General Alvear.
Pero tiempo después, desde la Justicia les fueron otorgados beneficios que se tradujeron en que actualmente estén cumpliendo prisión domiciliaria.
En el marco de esta misma investigación penal, posteriormente cinco policías más fueron procesados, quienes actualmente permanecen en libertad.
En su momento, ni bien sus nombres fueron apareciendo en carácter de procesados en esta investigación penal, al mismo tiempo terminaron siendo apartados preventivamente de la fuerza.
La investigación elevada a juicio
Marcelo Fernández, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción número 1 con asiento en el Palacio de Justicia local, es el fiscal que llevó adelante esta investigación penal y quien días atrás formuló la requisitoria de elevación a juicio de ese expediente.
Dicho pedido fue presentado ante el Juzgado de Garantías número 3 cuyo titular es el magistrado Juan José Suárez. Desde ese organismo judicial se deberá resolver ahora, en una primera instancia, si dicha petición de convertir en juicio a esta causa es avalada o rechazada.
Más allá de diferentes pruebas que se fueron incorporando a esta investigación penal, un importante plexo de evidencias estuvo conformada por varias horas de escuchas a los teléfonos de los policías encausados, los cuales en su momento habían sido intervenidos desde la Justicia.
En carácter de coautores o partícipes de una asociación ilícita y de otros delitos, en la extensa requisitoria de elevación a juicio de esta causa formulada por el fiscal Fernández se menciona que los hechos investigados que involucran a estos nueve policías ocurrieron, “por lo menos”, entre enero y mayo del año pasado.
El ámbito territorial de la Jefatura Zonal de Seguridad Vial Azul de la Policía de la Provincia de Bunos Aires y otros sectores aledaños, “abarcando las rutas nacionales 3 y 226 y demás rutas y caminos tributarios de la región” -se menciona en la instrucción penal-, fue el sector donde se cobraban estas coimas y dádivas.
Los policías implicados en esas maniobras delictivas, en ese entonces, desempeñaban funciones en los destacamentos de Seguridad Vial que están en Las Flores, Azul, San Miguel del Monte, Tandil y Gorchs.
En ese contexto, el Fiscal que los acusa sostiene que esos nueve efectivos de seguridad procesados -“relacionados entre sí por sus vínculos laborales, de amistad o trato frecuente y con funciones propias de control del tránsito vehicular por la mencionada red carretera”- formaron parte de una asociación “destinada a cometer delitos de distinta índole en perjuicio de particulares transeúntes y de la Administración Pública nacional y provincial indistintamente”.
También se ha podido determinar que esos pagos que los funcionarios policiales recibían se daban “en virtud de la especial situación funcional y la relación que existía entre los imputados, que cotidianamente prestaban servicios en las dependencias”, algunas de las cuales tenían a su cargo.
Estando permanentemente comunicados entre ellos, durante ese lapso de tiempo ya referido “se recomendaban, remitían o presentaban recíprocamente a empresarios transportistas o choferes que transitaban usualmente por las rutas sujetas a las distintas zonas viales para que entregaran dinero o dádivas a cambio del libre paso por las diferentes jurisdicciones, sin el debido control por los efectivos policiales encargados de la seguridad vial”.
En el marco de la acusación formulada, el fiscal Fernández sostuvo también que esos policías recibían dinero a través de “diferentes modalidades”.
En algunos casos esos pagos los imputados los percibían “en un destacamento”. Después, dichas sumas “eran repartidas hacia los demás destacamentos involucrados”, los cuales fueron allanados cuando el 10 de mayo del año pasado los cuatro primeros imputados que tuvo esta causa penal resultaron detenidos, entre los cuales hubo dos azuleños.
Otra manera de recibir estas sumas de dinero por parte de los acusados se registraba cuando transportistas entregaban en cada destacamento de Seguridad Vial “una suma determinada”, plata que se correspondía con “cuotas semanales o mensuales” que servían para evitar cualquier tipo de controles de los rodados de carga que transitaban para esas rutas delimitadas por el ya referido corredor vial, que se iniciaba en jurisdicción de Tandil y se prolongaba hasta Monte.
Según ha podido determinar también el Fiscal a cargo de esta investigación penal, en las dependencias de seguridad la recaudación “era realizada por el propio jefe o subjefe”; mientras que en otras seccionales se encargaban de llevar adelante esa misma tarea “oficiales subalternos que, en tal caso, rendían cuentas a los jefes del Destacamento”, los cuales “admitían el accionar ilícito de sus subordinados sin realizar acto alguno tendiente a poner fin a las ilicitudes ni sancionarlos de acuerdo a la ley”.
Las imputaciones para cada uno de los policías que figuran procesados
El capitán Javier Enrique Murray, oriundo de General Alvear, con actual domicilio en Las Flores y de 49 años de edad, está procesado por los siguientes delitos: asociación ilícita en concurso real e ideal con cohecho pasivo, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias, ofrecimiento de dádivas, admisión de dádivas, exacciones ilegales y peculado de servicios, ilícitos todos considerados como cometidos “en concurso real de acciones”.
El capitán José Luis Arrubia, que tiene 49 años y es oriundo de Azul, está acusado de asociación ilícita en concurso real e ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias y admisión de dádivas, delitos también “que concurren realmente entre sí”, según se menciona en la requisitoria de elevación a juicio de esta causa penal,
Otro de los imputados, por los delitos de asociación ilícita en concurso real e ideal con cohecho pasivo, incumplimiento de los deberes de funcionario público y exacciones ilegales que concurren realmente entre sí, es el oficial subinspector Raúl Exequiel Ferreyra. Nacido en Verónica, actualmente está radicado en San Miguel del Monte y tiene 35 años.
Otro policía azuleño procesado -quien en esta investigación penal había declarado bajo la figura del “arrepentido”- es el subcomisario Emiliano José Sparaíno. De 38 años de edad y radicado en Olavarría, asociación ilícita en concurso real e ideal con cohecho pasivo, ofrecimiento de dádivas y admisión de dádivas que concurren realmente entre sí son los delitos que le atribuyen.
Un comisario llamado Julio Ezequiel Olate, de General Alvear y de 45 años, también está procesado. En su caso, por asociación ilícita en concurso real e ideal con cohecho pasivo, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias, ofrecimiento de dádivas y cohecho activo que concurren realmente entre sí.
Mario David Vivas, también comisario, figura acusado en esta causa penal de asociación ilícita. Tiene 43 años, es nacido en Longchamps -localidad perteneciente al Partido de Almirante Brown- y vive actualmente en Mar del Plata.
El subcomisario Pablo Alejandro Jiménez Chumbita, de 41 años, oriundo de San Justo y con actual domicilio en Ciudad Evita -Partido de La Matanza- figura acusado de asociación ilícita en concurso real e ideal con dictado de órdenes ilegales, incumplimiento de los deberes de funcionario público, ofrecimiento de dádivas y cohecho activo, delitos también considerados como cometidos “en concurso real de acciones”.
Fidel Prudencio Ovejero, otro procesado, es un comisario que tiene 33 años de edad. Oriundo y radicado en Berazategui, está acusado de asociación ilícita en concurso real e ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas que concurren realmente entre sí.
El noveno de los imputados, también comisario, se llama Jorge Ismael Pagano. Es un comisario de La Plata que tiene 51 años. En su caso, lo acusan de asociación ilícita en concurso real e ideal con admisión de dádivas.
Para cuando sucedieron los hechos que fueron materia de esta investigación penal, el capitán Arrubia desempeñaba tareas en el Destacamento de Seguridad Vial con asiento en Azul, dependencia que en ese entonces conducía Jiménez Chumbita.
En tanto, el subcomisario Sparaíno hacía poco tiempo que estaba al frente del Destacamento de Seguridad Vial con sede en Tandil.
Con relación a los demás imputados, se mencionó que Murray desempeñaba tareas en Vial Las Flores, cuyo titular era el comisario Olate; mientras que Ovejero estaba a cargo del Destacamento que está en Gorchs.
Vivas, en tanto, era el jefe de Vial Monte, donde también desempeñaba funciones otro de los imputados: Ferreyra, que era el segundo jefe.
Con Información de : Diario el Tiempo / Fotos Nacho Correa / Nicolas Murcia
